La sustentación de la
propuesta estuvo a cargo de la titular de la comisión, quien señaló que el Perú
enfrenta serios problemas para garantizar una alimentación adecuada de su
población infantil y adolescente, cuya consecuencia más nociva es la
desnutrición crónica.
“Los resultados de la
encuesta demográfica y de salud familiar 2019 muestran que el 12,2 % de niños y
niñas padecen de desnutrición crónica; los indicadores dan cuenta además que el
40,1 % de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad tiene anemia, enfermedad que
obstruirá su normal desarrollo”, aseveró.
Manifestó que este panorama
se agrava frente a la emergencia sanitaria por el brote del coronavirus.
“Los hallazgos de la
encuesta sobre el efecto de la COVID-19 en los hogares de Lima Metropolitana y
Callao, realizada en mayo de 2020, evidenciaron que el 14 % de los hogares
declaró no haber podido comprar alimentos o contenido proteínico como carne,
pescado y huevos, cuyo principal motivo es la escasez de recursos económicos”,
expresó Lizárraga.
Agregó que la información
obtenida muestra, además, que el 30 % de los hogares declaró que no se sentía
nada seguro de poder pagar los alimentos que necesitan, mientras que el 47 %
manifestó que se sentía poco seguro.
Por lo que, en este
contexto, la Comisión de Mujer y Familia observa que existe un marco normativo
y de política pública que respalde y promueva la alimentación adecuada de
estudiantes en instituciones educativas públicas principalmente a través del
programa nacional de alimentación Qali Warma. Esto teniendo en consideración
que las niñas, niños y adolescentes que estudian en IE de las zonas rurales que
presentan pobreza y extrema pobreza enfrentan los mayores obstáculos para
acceder y disponer de alimentos y nutrientes, aun frente a una crisis económica
y alimentaria.
La parlamentaria Mónica
Saavedra (AP) expresó que el programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma no tiene por objeto la lucha contra la pobreza, por el contrario, su
finalidad es brindar las condiciones adecuadas para que los estudiantes de
nivel inicial, primaria de colegios públicos puedan recibir sus clases,
adquirir conocimientos y mejorar así el rendimiento escolar.
“La finalidad del programa
no es atender a los alumnos de pobreza y pobreza extrema de las zonas rurales
de nuestro país; de hecho, este programa llega a todas las instituciones
públicas de nivel inicial y primaria sin importar si se encuentra en un
distrito declarado pobre o pobre extremo, no genera ninguna vinculación ni con
el diseño ni con la ejecución del programa. En ese contexto, definitivamente
vamos a apoyar la propuesta declarativa, la finalidad es que se cumpla con la
atención del programa social en zonas rurales”, indicó.
DENUNCIA DE
ACOSO POLÍTICO
Previamente, los congresistas
integrantes de la Comisión de Mujer y Familia escucharon la intervención de la
vicegobernadora de la región Cusco, Delia Condo Salas, quien informó sobre el
acoso político que vendría sufriendo de parte de su institución, lo que vendría
afectando gravemente el ejercicio de su función pública.
Condo Salas expresó ser
víctima de violencia psicológica por parte del gobernador regional de Cusco.
Indicó que los gritos contra su persona son constantes.
La parlamentaria Arlette
Contreras Bautista (NA) instó al grupo de trabajo a tomar la problemática de la
funcionaria como un caso símbolo para que en el marco de la ley contra el acoso
político las instituciones respectivas puedan actuar y sancionar a quienes
estarían incurriendo en acoso político.
Consideró de necesario
poner de conocimiento a la Defensoría del Pueblo para que haya un
acompañamiento sostenido en el tiempo y así exigir el cumplimiento de la ley.
Matilde Fernández Florez,
tercera vicepresidenta del Congreso, lamentó lo ocurrido y expresó su
solidaridad con la funcionaria.
“No es justo que en estos
tiempos donde tenemos el tema de la alternancia de paridad, donde se habla
tanto de la violencia contra la mujer y de acoso político haya todavía
autoridades tan machistas que simplemente por ser varón tengan que hacer este
tipo de abuso, de humillar a la mujer, aun tratándose de una persona que lo va
a acompañar, que tiene que ser su brazo derecho”, indicó.
Finalmente, el grupo de trabajo también escuchó la ponencia de Elizabeth Cano Gómez, socióloga con estudios de maestría en Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de protección a migrantes de Humanity and Inclusion en Perú, quien habló la situación económica en el Perú, antes, durante y después de la pandemia por la COVID-19.
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