El primero
en sustentar su dictamen fue el congresista Alcides Rayme Marín (FREPAP),
presidente de la Comisión de Cultura, quien dijo que urge atender el limitado
acceso al libro o a la lectura, pero subrayó que es importante no solo el
acceder al libro, sino también el fomento de la lectura.
La propuesta
tiene por finalidad reconocer y fomentar el derecho de las personas a la
lectura y promover el acceso al libro, bajo un marco de inclusión, construcción
de la ciudadana y desarrollo humano, en beneficio del interés público; así como
el fomento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) dedicadas a la industria
editorial.
El
parlamentario dijo que se busca incentivar la creación literaria artística y
científica, garantizar el acceso al libro y al producto editorial afín, a
través de un sistema de gestión de accesibilidad universal, además se busca promover,
impulsar el acceso y la formación de hábitos de lectura, así como el fomento
del desarrollo de librerías y bibliotecas escolares.
Además
-subrayó el legislador- pretende afianzar las medidas de promoción de
incentivos tributarios en la cadena editorial de pequeños productores con
especial énfasis en el fortalecimiento de la creación cultural, literaria y
científica. Asimismo, se busca fomentar la libre circulación del libro y
articular la política de fomento de la lectura, a fin de que la producción
editorial abastezca los requerimientos bibliográficos de los distintos niveles
del sistema educativo nacional.
Un aspecto
importante a resaltar, dijo Rayme Marín, es que se contempla dotar de recursos
financieros y técnicos que aseguren el normal desenvolvimiento de las
bibliotecas populares, escolares y universitarias públicas, así como el
incremento y la actualización constante de sus existencias.
También, se
contempla la inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV), en ese
sentido se indica que no están gravados con el IGV la importación y/o venta en
el país de los libros y productos editoriales afines. La continuidad de la
inafectación está sujeta a los resultados de las evaluaciones que se realicen.
Del mismo
modo, se considera el reintegro tributario del IGV, en consecuencia, los
editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean hasta 150 UIT tendrán
derecho a la devolución tributaria equivalente al IGV. Este reintegro dispuesto
en este artículo regirá por un periodo de cinco años contados a partir del día
siguiente del vencimiento del plazo establecido en el DU N.° 003-2019.
En seguida,
correspondió la sustentación del dictamen del congresista Athony Novoa Cruzado
(AP), presidente de la Comisión de Economía, quien sustentó una propuesta
similar; sin embargo, observó el acápite relacionado con los beneficios
tributarios, por lo cual solicitó se le conceda un cuarto intermedio a fin de
consensuar –con la Comisión de Cultura– un nuevo texto.
“Son
precisiones que son bastante importantes, porque no podemos dar exoneraciones
tributarias por tiempo indefinido, por eso, proponemos que sea por tres años y
previa evaluación”, dijo.
Vencido el
cuarto intermedio, el congresista Novoa dijo que -entre otros puntos- se
establece que las exoneraciones
tributarias a los tres años deben ser avaluadas y que los ministerios de
Educación y Economía, anualmente, informen al Congreso sobre los resultados de
los incentivos tributarios, ya que es importante asegurarnos de que la norma
cumpla con estos objetivos.
“El texto
consensuado busca promover la lectura y que los beneficios tributarios lleguen
al consumidor final, que es el lector”, dijo.
EL DEBATE
Durante el
debate los congresistas coincidieron en que se trata de una ley muy importante
que fomentará el acceso al libro e incentivará la lectura.
“Es
importante que estos conocimientos puedan ser accesibles a todos los sectores
de la sociedad, porque el ciudadano que lee desarrollará un juicio crítico para
la toma de decisiones del país” dijo el congresista Mariano Yupanqui Miñano
(SP).
A su turno,
la congresista Rocío Silva Santisteban (FA) subrayó que no es una ley que se
restrinja a las industrias culturales, sino que fomenta la lectura y, por eso
es, una ley muy importante que incluye el apoyo a las bibliotecas públicas, que
son los espacios donde los nuevos lectores deben mantener la continuidad de la
cultura.
Por su parte
el legislador Marco Verde Heidinger (APP) consideró que la propuesta va a
favorecer la cultura del país largamente olvidada por el Estado. “Los docentes
son los primeros que deben fomentar la lectura y la investigación en sus
bibliotecas escolares”, dijo.
Daniel
Olivares observó que hoy el Perú no entiende lo que lee, y no entender lo que
se lee es no ser libre, no poder reclamar por nuestros derechos, no entender
las instrucciones que se nos da y no entender el mensaje que nos están
comunicando. “Estamos en un nivel bajísimo y lo tenemos que resolver”, dijo.
El
congresista Erwin Tito Ortega (FP) recomendó que se modifique los artículos 27
y 28. “Se debe modificar, porque el fondo del libro fue creado por ley, y la
asignación presupuestal tiene que ser del Ministerio de Cultura y no como se
está proponiendo del presupuesto al libro”.
Finalmente,
la congresista María Retamozo Lezama (FREPAP) saludó que se incluya a los
gobiernos regionales y locales, para que las entidades incluyan en sus planes
concertados acciones para la cultura como el fomento de la lectura.
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