La derogatoria de un artículo del Decreto Legislativo emitido por el
Poder Ejecutivo que, según el parecer de la mayoría parlamentaria,
flexibilizaba los requisitos para la contratación de personal en el sector
público conducente a ser considerados los bachilleres como altamente
calificados, fue aprobada por la Comisión Permanente tras un amplio debate
dirigido por la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. En consecuencia, la propuesta aprobada, en primera votación, plantea la
vigencia tal cual de la Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de
personal altamente calificado en el sector público, la que establece el grado
académico de maestría o de doctor para ser considerado en ese nivel
profesional.
El Decreto Legislativo N° 1337, dado por el Poder Ejecutivo en el
marco de la delegación de facultades otorgado por el Poder Legislativo, ampliaba
a esos requisitos el de bachiller con diez años de experiencia. En
consecuencia, no serán considerados como altamente calificados.
La discusión se centró en el hecho de que la labor parlamentaria con
relación a su función de control sobre la legislación delegada se circunscribía
a lo establecido por la Constitución y el Reglamento del Congreso, vale
decir, analizar la forma o también el contenido de los decretos legislativos
emitidos por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo al artículo 90 del Reglamento del Congreso en el caso que los
decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el
marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso, éste recomienda
su derogación o modificación para subsanar el exceso o la contravención.
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres
Morales, se encargó de la sustentación del dictamen en mayoría señalando que la
flexibilización de los requisitos para otorgar el nivel de personal altamente
calificado a quienes solo ostenten el grado de bachiller no tiene una relación
directa con el argumento de la optimización del servicio público.
El legislador Mauricio Mulder, sostuvo que la observación de la comisión
es de fondo y no de forma. “Yo puedo estar en desacuerdo con la propuesta,
pero el proceso a seguir es debatir el tema con la presentación de un proyecto.
Ahora solo corresponde evaluar si es anticonstitucional o si exceden la
delegación de facultades otorgadas”, afirmó. Vicente Zeballos y Juan Sheput, coincidieron
con el congresista aprista.
El legislador Héctor Becerril dijo que el decreto legislativo en
referencia, en algunos casos, tenía nombre propio, como en el de un funcionario
del Ministerio de Educación.
Para su colega de bancada, Segundo Tapia, el Poder Ejecutivo se excedió
en sus funciones al legislar en materia laboral y, por tanto, corresponde al
Congreso subsanar el error. Con otros argumentos los congresistas del Frente
Amplio, Marisa Glave y Marco Arana, dijeron que se había tocado temas laborales
que no habían sido materia de delegación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario