Por unanimidad, el
Pleno aprobó establecer un marco normativo que garantizará el ejercicio de los
derechos de la persona adulta mayor, considerada en la legislación de esta
parte de América, aquella que tiene más de 60 años de edad. Según la propuesta,
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejercerá la rectoría de la
promoción y protección de los derechos del 10% de la población peruana que está
considerada en este sector: según el INEI, en el país hay 3 millones 118 mil
adultos mayores.
La misma fuente
señala que el número de personas adultas mayores en el país se incrementa cada
año y en los próximos diez años habrá una población cercana a los 4 millones
310 mil peruanos (un 12,5% de la población nacional). Un 13% serán mayores de
80 años, según las proyecciones. El 46% serán mujeres y un 42% hombres.
El dictamen fue
sustentado por la presidenta de la Comisión de la Mujer, congresista Luisa
María Cuculiza. Informó que basado en cinco proyectos de ley, uno de ellos del
Poder Ejecutivo, se elaboró un texto sustitutorio que propone establecer
derechos de la persona adulta mayor y los deberes de la familia y del Estado
hacia ella: una vida digna, plena, independiente y saludable, así como la no
discriminación por razones de edad.
Cuculiza Torre dijo
que el adulto mayor tiene derecho a vivir y a envejecer en familia y acceder a
programas de capacitación y educación y recibir atención preferente en todos
los servicios brindados en establecimientos públicos y privados.
Sobre el tema no
hubo mayor debate porque todos los congresistas presentes (91) respaldaron el
dictamen. La congresista Cecilia Tait dijo al respecto que hay aspectos
pendientes como la creación de hospitales geriátricos y personal médico
especializado, pero “hay que dejar un precedente”.
Puesta al voto por
indicación de la presidenta de la mesa, Natalie Condori, la iniciativa fue
aprobada por unanimidad y exonerada de la segunda votación.
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