Lima ha sido catalogada como la ciudad con mayor congestión vehicular de América Latina, de acuerdo con el reciente ranking correspondiente al Índice de Congestión al 2022 de la firma privada TomTom, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP), gremio que representa a las empresas más importantes del sector automotor. “A nivel general, en el 2022 los niveles de congestión vehicular se elevaron en comparación con el año anterior, como consecuencia del paulatino retorno a las actividades presenciales en todo el mundo postpandemia, aunque el grado de tráfico en la circulación aún no supera los vistos antes del brote vírico”, así lo señaló Alberto Morisaki, Gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP tras mencionar que al realizar un viaje de 10 km en la capital, toma 27 minutos con 10 segundos, 2 minutos más que el registro del 2021.
Asimismo, en el reporte elaborado por
la AAP, en base a dicho estudio de la firma privada, se menciona que manejar en
hora punta en la capital peruana toma -anualmente- 254 horas, de los cuales 130
horas es el tiempo adicional provocado por la congestión vehicular.
“Del mismo modo, el dinero que gasta
en combustible por manejar en las horas más congestionadas suma S/ 2,231 al
año, de los cuales S/ 582 es el gasto adicional causado por la congestión.
Además, las emisiones de CO2 producidas anualmente por un auto que se moviliza
en hora punta es de 990 kg., de los cuales 258 kg corresponde al tiempo
adicional que se genera por la congestión”, indicó el experto en temas
económicos.
Los resultados obtenidos en el
ranking de congestión vehicular, precisó el representante gremial, confirman
que Lima es una de las ciudades en el mundo con mayor tráfico, impactando
negativamente en la calidad de vida de las personas que debemos transitar por
sus calles. “El aumento del tiempo de viaje durante el 2022 se explica por el
incremento de las actividades presenciales en centros de trabajo, educativos,
entre otros, lo que ha llevado a que más personas tengan que movilizarse por la
ciudad”, agregó Morisaki tras anotar que, entre otros factores, “se pueden
identificar a una serie de deficiencias estructurales, como el inadecuado
diseño y planificación vial, el deficiente sistema de semaforización, el cual
carece de una adecuada integración”. Así, por ejemplo, dijo, se “estima que por
una intersección semaforizada deberían circular entre 800 y 1,200 vehículos por
carril, por hora, en tanto que en nuestro país solo lo hacen entre 400 y 600
vehículos”.
Solución al Tráfico vehicular:
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
Para Morisaki, resulta de vital
importancia que las autoridades asuman el liderazgo que les corresponde, y que
a su vez se plantee la creación de una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad
Vial (ANTSV) que supervise, fiscalice y encabece el cambio que nuestras vías
necesitan. “Puntualmente, creemos que dicha agencia debe ser el ente
responsable de proponer e implementar políticas y medidas estratégicas viables
para el desarrollo de un sistema de tránsito basado en el concepto de
movilidad, que sea eficiente, seguro y sostenible”.
En tal sentido, destacó que, dentro
de sus principales funciones de la ANTSV deben estar vinculadas a los planes y
estrategias necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento del tránsito
terrestre y seguridad vial a nivel nacional, incluyendo la política nacional de
formación y educación vial y de prevención de accidentes. Asimismo, sería la
entidad competente para fiscalizar el correcto acondicionamiento de la
infraestructura vial, la semaforización, la señalización vertical y horizontal,
los dispositivos de control de tránsito y las normas de seguridad vial, con
facultades suficientes para emitir mandatos de ejecución, medidas correctivas o
preventivas, así como cualquier otra disposición de obligatorio cumplimiento,
orientados a asegurar el correcto funcionamiento del tránsito terrestre y la
seguridad vial, bajo responsabilidad de los funcionarios respectivos.
Adicionalmente, puntualizó, esta entidad deberá tener la responsabilidad de
proponer el marco legal adecuado que permita el rediseño de vías en las
principales ciudades del país, para así lograr un tráfico fluido y ordenado.
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