Un total de 583
docentes y auxiliares de educación sentenciados por delitos contra la libertad
sexual, han sido retirados del sector Educación, reveló el ministro del ramo,
Daniel Alfaro Paredes, en la sesión realizada por la Comisión Investigadora de
Abusos Sexuales contra Menores de edad en Organizaciones, que preside el
congresista Alberto de Belaunde. También informó que
a la fecha, 796 docentes se encuentran en proceso administrativo disciplinario.
Señaló que un 14% de casos reportados en el Programa “SISEVE” son por violencia
sexual, los cuales están siendo investigados exhaustivamente.
“La realidad nos
exige acciones contundentes para proteger a nuestros niños y adolescentes. La
protección de nuestras niñas y niños es una política de Estado”, subrayó.
Alfaro Paredes dijo
que se están aplicando seis protocolos de atención a la violencia escolar y
guías para prevenir y atender la violencia sexual, teniendo en cuenta la
violencia sicológica y física, sin lesiones, entre estudiantes, violencia
sexual y física, lesiones con armas, entre estudiantes, violencia sicológica
del personal de la IE a estudiantes, violencia familiar o de otra persona.
“Condenar la
violencia sexual debe ser un compromiso de todos. Tolerancia cero con los
agresores sexuales”, remarcó.
Agregó que uno de
sus principales objetivos es consolidar la prevención y atención de la
violencia sexual en instituciones educativas rurales. Citó como ejemplo lo
actuado en la UGEL de Condorcanqui, en la cual se adoptó medidas concretas para
lograr resultados inmediatos y que perduren en el transcurso del tiempo.
La congresista
Úrsula Letona manifestó que en la sesión de la Comisión de la Mujer, se aprobó
llevar adelante un registro de aquellas personas que delinquen por violencia
familiar, violencia contra la mujer y violencia sexual contra los niños, niñas
y adolescentes en los centros escolares, por lo cual pidió al ministro mediar a
fin de que el Ejecutivo no observe el proyecto.
El ministro de
Educación manifestó estar dispuesto a defender la propuesta porque será de un
gran servicio para su sector.
Juan Carlo Yuyes
pidió al ministro de Educación que esta política de erradicación de la
violencia sexual de los centros escolares debería aplicarse con drasticidad en
las ciudades y pueblos ubicados en zonas de frontera, como Tumbes.
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