En los últimos cuatro años se han identificado 539 conflictos sociales,
de los cuales 153 están vinculados a los recursos hídricos y mineros, según
indica el informe final aprobado en sesión extraordinaria realizada por el
Grupo de Trabajo “Conflictos Socio-ambientales en el país y el Marco Legal
Ambiental”, que preside el congresista independiente huancaíno, Jhonny Cárdenas
Cerrón.
El documento precisa que 151 casos están activos y 63 latentes.
Puntualiza que en Apurímac hay identificados 22 casos; en Áncash 16; en Piura
19; en Cajamarca 14; en Loreto 13 y en Ayacucho y Junín 12 casos identificados,
de acuerdo a los informes de la Defensoría del Pueblo.
“Estos conflictos sociales son una verdadera “bomba de tiempo” que en
cualquier momento puede estallar. Los responsables de esos problemas, en primer
lugar, es el Gobierno Nacional que no ha sabido cerrar la brecha que hay entre
el Estado y las poblaciones y los gobiernos nacionales y municipalidades que no
solucionaron las necesidades de las comunidades que habitan, en su mayoría,
cerca de los yacimientos mineros”, expresó Cárdenas en la sala Quiñones del
Palacio Legislativo.
Consideró que esta situación constituye un gran reto para el próximo
presidente de la República y su gobierno. “Hemos escuchado muchos planes
gubernamentales de los dos candidatos presidenciales para solucionar los
conflictos sociales. Ojalá que los ejecuten para lograr la paz social y el
desarrollo del país y no cometer errores de los actuales y anteriores
gobernantes”, remarcó.
El congresista de Fuerza Popular, Fredy Sarmiento destacó, por su
parte, las diferentes conclusiones a las que arribó el grupo de trabajo, entre
ellas la de solicitar al Ministerio de Vivienda y Saneamiento un informe de
todos los proyectos de inversión en infraestructura que se han ejecutado, así
como al Ministerio de Energía y Minas, para saber qué es lo que ha hecho en
política minera, energética e hidrocarburos, que deberá ser entregado a la
brevedad.
Tanto Sarmiento como Cárdenas manifestaron que las mesas de diálogo son
una buena medida para solucionar conflictos, pero anotaron que se convierten en
estériles cuando el Estado, integrante principal del trato, no honra con sus
compromisos y crea malestar en las poblaciones que se convulsionan y originan
el caos.
“La política de la ‘mecida’ es indignante y debe acabar”, expresaron los
parlamentarios. Cárdenas señaló que este informe final será elevado a la
presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología, Leyla Chihuán Ramos, a fin de que se apruebe.
También informó que debería aprobarse la edición de un libro que
contendrá lo concerniente a los conflictos sociales y al marco legal que rige a
los sectores Minería, Vivienda, Ambiente, Energía y Minas, PCM y otros
portafolios responsables de la situación actual en el interior del país.
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