Importantes aportes
jurídico-legales plantearon representantes de Unicef al dictamen recaído en el
proyecto que propone una Ley de Adopciones de Niños, Niñas y Adolescentes,
aprobado en el período parlamentario anterior y reactualizado por la Comisión
de la Mujer y Familia, que preside la congresista Luisa María
Cuculiza.
Las funcionarias de
las Naciones Unidas, Olga Isaza, y Amanda Martín, señalaron que el
texto legal propuesto en el dictamen incorpora avances importantes respecto de
la legislación actual, en particular los que se refieren a las garantías del
debido proceso y la equiparación de estado de abandono y adoptabilidad, lo cual
es un aspecto imprescindible para asegurar que la legislación que se apruebe
responda a un espíritu garantista y esté adecuada a los estándares
internacionales aplicables en la materia.
Sin embargo,
anotaron que Unicef opina sobre aspectos sustantivos del procedimiento de
investigación tutelar que no deberían regularse en una ley de adopciones.
Recomendaron que la fórmula legal se centre en regular, exclusivamente,
aspectos relativos al procedimiento de adopciones, eliminando de la norma
propuesta cualquier contenido que implique modificación de la normativa
aplicable en el procedimiento tutelar.
Puntualizaron que
debe tenerse en cuenta el derecho de los niños a ser informados, a opinar y a
ser oídos, a las garantías al debido proceso y a la representación legal de los
niños, equiparación entre declaración de estado de abandono y declaración de
‘adoptabilidad’, la selección del adoptante más idóneo y el derecho de los
adoptados a la información sobre sus orígenes.
En la sesión
ordinaria que se desarrolló en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, los
asistentes a la comisión destacaron la decisión de la presidencia del grupo de
trabajo, de abrir las puertas para tratar un asunto de gran importancia como es
el futuro de niños, niñas y adolescentes en situación de abandono.
Por su parte, la
directora general de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ruth Gonzales Sánchez, manifestó que el proyecto de ley propuesto
por el Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer el marco general del
procedimiento de adopción a favor de niños, niñas y adolescentes que cuenten con
la declaración judicial de ‘adoptabilidad’ a fin de que el Estado garantice su
derecho fundamental de vivir en familia, asegurando su protección integral en
aplicación del interés superior del niño.
A su vez, la
presidenta de la Primera Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de
Justicia de Lima, Luz Capuñay Chávez, remarcó que el proceso de adopción no
debería centrarse en ser una gestión netamente administrativa, sino
estrictamente judicial o mixta. Abogó para que el adoptado tenga derecho a conocer
sus orígenes.
El representante de
la Defensoría del Pueblo, Jorge Vega, opinó que el dictamen da la impresión de
“que se quisiera desinternar en masa a los niños de los albergues que hay”.
Recomendó que el ente rector del sistema de adopción debería ser el Ministerio
de la Mujer, pero también deberían intervenir el Poder Judicial y la Defensoría
del Pueblo, que son las instituciones que velan por la debida aplicación de los
mecanismos de protección del infante.
La Fiscal Superior
de Familia de Lima, Cecilia Gonzales Fuentes, puso especial énfasis en el
derecho que tienen los adoptados en conocer sus orígenes. Opinó que la
propuesta de ley respeta los principios de subsidiaridad y prevalencia, así
como el procedimiento de impugnación.
La congresista Marisol
Pérez Tello anunció que presentará un dictamen en minoría para que la comisión
lo determine o se incorpore al dictamen en mayoría.
Karla Schaefer
destacó la convocatoria de la congresista Cuculiza para tratar un dictamen de
gran importancia para los niños, niñas y adolescentes, cuyo futuro debe ser
promisorio. Ana Jara dijo que la elaboración del proyecto fue bien
analizado por los especialistas y subrayó que el Estado se preocupa por la
responsabilidad que tiene de velar por la niñez en situación de abandono.
Informó que cuando
llegó al Ministerio de la Mujer encontró cinco mil expedientes listos para la
adopción, pero que no contó con la partida presupuestal necesaria. Estimó que
el juzgado debe ser uno de los entes principales de las adopciones.
Carmen Omonte
manifestó por su parte, que es una exageración señalar que con esta ley se
pretenda sacar “a granel” a los niños de los albergues. Reiteró que el Estado
no abandona su obligación por los niños en situación de abandono.
Cuculiza anunció que seguirá
convocando a profesionales para que opinen y sugieran las normas más
convenientes para el sistema de adopción y lograr aprobar una importante
ley.
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